La solicitada publicada el sábado 21 de septiembre en el diario Clarín con el título “Las fábulas de Sabatella”, contestada por el titular de la AFSCA, vuelve a incurrir en una serie de falsedades que sólo se explican por el temor a perder la posición hegemónica que significaría para el grupo adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En la solicitada, Clarín refuta nueve supuestas mentiras de Martín Sabbatella y al hacerlo, el propio diario recae en afirmaciones que no tienen sustento en el texto de la norma -o “disparates”, para utilizar el mismo término con el que el holding descalifica sistemáticamente los argumentos de quienes defienden la ley-, como cuando asegura que “la ley interviene en los contenidos”, que la norma “regula indirectamente a las empresas de internet” o que no existen regulaciones similares en otros países.

La ley de Medios Audiovisuales, sancionada en octubre de 2009 tras más de 25 años de democracia y 59 proyectos presentados en el Congreso para regular el sector, establece un límite máximo de 24 empresas de cable (o “licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico”) para cada prestador.

El grupo Clarín cuenta con poco más de 240 empresas de cable repartidas en distintas provincias -cada una representada con un indicador en el siguiente mapa-, más de 10 veces sobre el máximo permitido

De adecuarse a la ley, como vienen haciéndolo otros grupos excedidos en cantidad de licencias, Clarín podría retener 24 de esas empresas, Cablevisión entre ellas (además de TN, Canal 13 y otras 9 licencias de radiodifusión -radio o TV- abiertas), y mantener intactas sus usinas de generación de contenidos para ejercer desde ellas el periodismo independiente que declama. Claro que vería reducidos sus ingresos de forma significativa, el verdadero motivo por el que el holding pone el grito en el cielo.

Las limitaciones a la concentración de licencias estipuladas en la ley responden a los principios de diversidad y pluralidad necesarios para efectivizar la Libertad de Expresión, como estipula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto -y mal que le pese a Clarín, que en su solicitada sostiene que las limitaciones antimonopólicas son “los puntos más caprichosos de la ley” y que “no existen leyes extranjeras que los avalen”-, la norma recoge el Informe 2004 de la Relatoría Especial, que en el apartado D de su Capítulo IV estipula:

“La Relatoría reitera que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática.” 

En ese sentido, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que la multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios- “en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados”, principio democrático que atenta contra la concentración desmesurada del Grupo Clarín.

 

Entrada original: Las más de 240 empresas de cable del Grupo Clarín