La sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009 fue la culminación de un proceso surgido con la recuperación democrática en 1983 que buscó cambiar la ley de la dictadura por otra de la democracia. Organizaciones sociales y partidos políticos de distintas tendencias, con sus diferencias, coincidieron durante 26 años en la necesidad de legislar el espacio de las comunicaciones audiovisuales, como dan cuenta los 59 proyectos de ley presentados en ese lapso, muchos de los cuales no fueron tratados debido a las fuertes presiones ejercidas por parte de los sectores involucrados.